El acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) respecto del pago de un bono extra para fin de año, destinado a los trabajadores se ha transformado en un elemento de polémica e incertidumbre, con versiones y posturas contrastantes que no hacen más que ensombrecer las esperanzas y expectativas con la que había nacido esa iniciativa. Con cabos sueltos, sin terminar de formalizarse como corresponde, esa mejora salarial prevista serviría para resolver el desfasaje que sufrieron las remuneraciones alcanzadas por las paritarias, como consecuencia del impacto inflacionario que afecta los bolsillos y los balances de este año. Muchas empresas, especialmente las Pyme y la mayoría de los gobiernos de las provincias han advertido que no podrán hacer frente a ese pago: “La discusión no es si queremos dar un bono o no, el tema es si podemos o no, porque nuestra provincia sigue estando quebrada”, sostuvo la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ya hace semanas en un mensaje que bien podría ser compartido por los mandatarios provinciales. El jefe del Ejecutivo de Tucumán, Juan Manzur, advirtió, a su vez, que para hacer frente a esa erogación no tiene otra alternativa que conseguir fondos de la Nación. Ese aporte a los bolsillos, convenido en el marco del Diálogo para la Producción y el Trabajo (reúne al Gobierno, a empresarios y sindicalistas) tendrá un piso de $ 2.000 y un máximo de $ 3.500, aclararon finalmente los ministros de Modernización y de Trabajo. Sin embargo y, según los actores sociales o institucionales que lo interpreten, ese monto podría ser encarado en varias cuotas o en un sólo pago. Incluso, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, había hecho trascender que podrían computar el importe del bono de diciembre como compensación por la inflación pasada, con lo que estaría pretendiendo superar las eventuales diferencias que pudieran quedar pendiente para encuadrar la discusiones salariales de 2017. Pero, todo este debate muestra también que no hay un acuerdo sustantivo respecto de cual es la verdadera situación salarial, un cuadro ya bastante complejo de resolver en razón de las distintas realidades sectoriales y regionales de la economía argentina. “El poder adquisitivo de los trabajadores está perdiendo unos seis puntos, lo que representa entre $ 8.000 y $ 10.000, en promedio”, indicó la CGT. Así, las paritarias, que se resolvieron con aumentos que van desde el 27 al 39%, dejarían “colgado” varios puntos para emparejar la inflación, que estará en torno del 40% anual y esa es la brecha que se busca saldar con el bono. La polémica no está teniendo en cuenta la realidad de los jubilados (no está confirmado un monto), pensionados y de los beneficiarios de las prestaciones sociales, y menos, la que soportan los sectores de la informalidad, que vienen afrontando la caída general de la economía y la depreciación de sus ingresos de forma más crítica. ¿No debería asumirse esa realidad? La sola enunciación de los puntos del debate estaría exponiendo el cuadro enmarañado en el quedó el país, en gran medida a causa de una crisis recesiva que caló hondo en el cuerpo social, desfinanció las arcas públicas, comprimió la economía, empujó a la pobreza a más del 32% de la población, castigó proyectos empresarios, incrementaron déficits y ensombreció las perspectivas de todos. El sinceramiento de las variables que impulsó el Gobierno desde el inicio de la gestión se ha decantado con un costo que aun no puede conjugar la evidentemente lenta reacción de la economía. Y esa debería ser otra referencia que sirva para definir un trance que debe resolverse cuanto antes: la voz de los gobernadores y de empresarios y sindicalistas, especialmente de quienes trabajan en las economías regionales donde esta contingencia es más dura, debería ser más potente y determinante para encauzar esta controversia pública que, aunque genuina, legítima y razonable, no debe saldarse con vencedores y vencidos.